Aedive ha abierto un expediente ante la Secretaría para la Unidad de Mercado, en relación con la barrera al libre mercado que supone la negativa de admisión por parte de un centenar de ayuntamientos, de la Declaración Responsable que establece el RDL 29/2021 de medidas urgentes en el ámbito energético para el fomento de la movilidad eléctrica a fin de facilitar el despliegue de infraestructuras públicas a los operadores de recarga que, sin embargo, se están encontrando con esta otra barrera.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 28 de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado, en el que se habilita a las asociaciones empresariales para iniciar un expediente ante la Secretaría para la Unidad de Mercado ante un problema del sector, extendido en todo el territorio nacional, la patronal de la movilidad eléctrica ha iniciado este trámite para evitar actuaciones concretas de denuncia por parte de los operadores de recarga ante diversos ayuntamientos.
Para ilustrar un número de casos representativos, a modo de ejemplo, desde Aedive se ha recabado información a los operadores de recarga respecto a ayuntamientos que no aceptan la Declaración Responsable establecida en el RDL para instalar infraestructura de recarga pública.
De esta información se destaca que hay más 90 casos de ayuntamientos que no admiten dicho trámite y solicitan la tramitación de este permiso como una Licencia de Obras, anulando una de las ventajas que el RDL 29/2021 ofrece a los operadores de recarga para acelerar el despliegue de puntos de recarga público y solventar las barreras administrativas.
Por comunidades autónomas, la que más municipios registra que no admiten la declaración responsable en la información requerida por Aedive a los operadores es Cataluña, con 24, seguida de Aragón, con 9, Andalucía, Madrid y Valencia, con 8 municipios cada uno; Castilla y León con 7. Otros municipios se reparten entre País Vasco, Cantabria, Asturias, Castilla La Mancha, Extremadura, Galicia, Murcia, Navarra, Canarias y La Rioja.
El director general de Aedive, Arturo Pérez de Lucia, ha señalado que “lo más sangrante es que entre los ayuntamientos que no admiten la Declaración Responsable, se encuentran varias ciudades de más de 50.000 habitantes y que son plenamente conscientes de la existencia de esa obligación pero que la desoyen, mientras que, en otros casos, el consistorio no tiene contemplado dicho trámite en su sede electrónica”.
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