La Dirección General de Tráfico ha publicado los datos más recientes sobre las sanciones que ha impuesto a vehículos por no tener la ITV al día. De acuerdo con estas cifras, analizadas por AECA-ITV, en el 2023, último año del que se tiene registro, se impusieron 641.126 multas por este motivo a nivel nacional, el 62% más que en 2015, cuando se impusieron 396.666 sanciones.
En el caso de Comunidad de Madrid, AEMA-ITV explica que las sanciones por tener la ITV caducada aumentaron el 57% en los últimos 8 años, pasando de 59.473 en el año 2015 a 93.644 en el 2023. Asimismo, el porcentaje de este tipo de multas también ha aumentado respecto al total de sanciones impuestas por la DGT en la comunidad autónoma. En 2015, las multas por tener la ITV caducada en Madrid representaron el 10,1% del total, mientras que en 2023 han sido del 15,5%.
“El crecimiento de estas sanciones muestra un aumento en la necesidad de cumplir con la normativa vigente. Mantener la ITV al día es esencial no solo para evitar multas, sino también para asegurar que los vehículos se encuentran en condiciones óptimas para circular, reduciendo los riesgos de siniestros y mejorando la seguridad vial”, ha señalado Jorge Soriano, presidente de AEMA-ITV.
Por su parte, AECA-ITV asegura que estos datos de aumento en las sanciones por ITV caducada son consecuencia de la elevada ratio de incumplimiento en la inspección técnica de vehículos.
Desde el sector de ITV recuerdan que no tener la inspección técnica del vehículo al día puede ser causante de siniestros viales, con fallecidos y heridos de distinta consideración y provocar niveles de contaminación nocivos para los ciudadanos. Además, este incumplimiento está tipificado como una infracción grave o muy grave por la normativa aplicable en materia de tráfico y, en consecuencia, puede ser objeto de una sanción económica de 200 o 500 euros, dependiendo del caso.
A la sanción económica, hay que añadir la no cobertura de la compañía aseguradora en caso de siniestro, lo que puede originar unos elevados gastos para el propietario del vehículo en función de la gravedad del hecho. Si, además, ese vehículo causa un siniestro vial y una de las consecuencias del siniestro es que se ha puesto en “peligro grave e inmediato la vida o integridad de las personas”, causando la muerte o lesiones relevantes, se podría estar ante la comisión de un ilícito penal que puede llevar aparejada privación del derecho a conducir, multa e, incluso, pena de prisión.
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