Aedive reclama a la clase política “racionalidad, altura de miras y acuerdos rápidos” para reactivar un plan de incentivos semejante al MOVES III

AEDIVE ha mostrado la preocupación de su ecosistema empresarial, industrial, tecnológico y de servicios, tras el rechazo parlamentario a la ampliación de las ayudas para el vehículo eléctrico, a raíz de la no aprobación de la Ley Ómnibus el pasado 22 de enero en el Congreso de los Diputados y reclama a la clase política “racionalidad, altura de miras y acuerdos rápidos” para reactivar un plan de incentivos eficiente, a semejanza del MOVES 3, para mantener los compromisos adquiridos por las empresas con sus clientes y dar continuidad al compromiso trasladado por el Gobierno el pasado diciembre.

Tras el anuncio por parte del Gobierno, en diciembre pasado, de la ampliación de ayudas del MOVES 3 hasta junio de 2025, las matriculaciones han experimentado en enero un crecimiento importante del 60 % en vehículos eléctricos de batería; del 36 % en híbridos enchufables y del 100% en el canal de particulares, hasta que el pasado día 22 se reprobó la Ley Ómnibus, provocando un parón casi total del mercado.

Esta situación supone una verdadera catástrofe en términos económico, industrial, empresarial, tecnológico, energético y medioambiental, a juicio de Aedive, y compromete el futuro de la automoción en España, en un momento muy delicado a nivel geopolítico, en el que resulta imprescindible promover, desde la política, certidumbre y predictibilidad a las inversiones y al propio mercado. 

Este bloqueo legislativo hace imposible, además, el cumplimiento de los objetivos del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), que establece 5,5 millones de vehículos eléctricos en 2030, y pone en riesgo una inversión privada cercana a 60.000 millones de euros, necesaria para llegar a esos objetivos, teniendo en cuenta el impacto en toda la cadena de valor de la movilidad eléctrica y en la generación de empleo en 22 ramas de actividad diferentes, según el reciente “Estudio de Impacto Socioeconómico de la Movilidad Eléctrica en España”, por parte de AEDIVE.

Un proyecto estratégico

El vehículo eléctrico supone para España un proyecto estratégico que no solo representa una oportunidad única para mejorar la sostenibilidad y la salud pública, sino que también es motor de crecimiento económico, innovación tecnológica, eficiencia energética e independencia geopolítica, reduciendo la importación de combustibles fósiles a terceros países y generando su propia energía, limpia y autóctona, para alimentar edificación, industria y movilidad.

España es un país de enorme atractivo para la inversión ligada a la cadena de valor del vehículo eléctrico por sus ventajas logísticas (46 puertos marítimos) y por ser un referente en la fabricación de toda clase de vehículos eléctricos y componentes de automoción, pero también de puntos de recarga y equipamiento eléctrico, gigafactorías, fábricas de reciclaje de baterías; de almacenamiento energético con baterías de segunda vida, y de reservas de litio, cobalto, cobre, níquel, aluminio y otras materias primas estratégicas, garantizando una economía circular que se completa con un avance en nuevas tecnologías, como el 5G, la digitalización o la inteligencia artificial.

Por otro lado, España exporta el 90% de su producción de automóviles a terceros países que prevén poner fin a la comercialización de modelos de combustión entre 2035 y 2040, lo que hace imprescindible reforzar a su cadena industrial y tecnológica para competir en condiciones con otros mercados.

Al mismo tiempo, la industria de automoción precisa incrementar la venta de vehículos eléctricos para evitar las multimillonarias multas derivadas de la exigencia de que la media de emisiones de sus coches no supere los 93,6 gramos de CO₂ por kilómetro.

Medidas fiscales de apoyo

Al margen de la reactivación de un plan de incentivos eficiente, AEDIVE propone una serie de actuaciones para potenciar el mercado:

1. En el IRPF: deducción del 21 % del valor de adquisición de vehículos eléctricos, siendo la base máxima de deducción 45.000 euros.

2. En el IRPF: deducción del 35 % del valor de la instalación del punto de recarga de vehículo eléctrico, siendo la base máxima de deducción 3.000 euros.

3. En el Impuesto de Sociedades: deducción del 35 % en la instalación de infraestructuras de recarga de acceso público, hasta un importe de 100.000 euros por punto de carga; y hasta un importe de 200.000 euros si incorporan soluciones de almacenamiento energético de respaldo.

4. Libertad de amortización en el cálculo del Impuesto de Sociedades para todas las inversiones en movilidad cero emisiones, incluyendo vehículos eléctricos y/o las infraestructuras de recarga.

5. Supresión de los impuestos en la retribución en especie por el uso de vehículos cero emisiones propiedad de la empresa o en renting, eliminando cualquier limitación en el techo de precio de compra.

6. Bono por achatarramiento de 2.000 euros para uso en servicios de movilidad compartida eléctrica (bicicletas, motos y coches).

7. Seguir mejorando el sistema de certificados de ahorro energético (CAEs) en el ámbito de la movilidad eléctrica y agilizar su tramitación.