Los conductores afrontarán un sobrecoste de 270 millones en combustible por el mal estado de las carreteras

Una señal cada vez más habitual en las carreteras españolas alerta sobre el mal estado del firme. Pero la situación ha superado ya el umbral del aviso. Según el informe anual de la Asociación Española de la Carretera (AEC), las infraestructuras viarias del país atraviesan su peor momento desde los años 80 y 90, cuando se ejecutó el último gran Plan General de Carreteras.

Pero el problema va más allá de lo estructural y, según la AEC, durante este verano, los conductores afrontarán un sobrecoste superior a 270 millones de euros por el mayor consumo de combustible derivado del mal estado de las carreteras, sin contar con los retrasos en los tiempos de viaje y el impacto económico en el transporte de mercancías, que podría repercutir en los precios al consumidor hasta en el 10%.

Ante este escenario, la AEC insiste en la necesidad urgente de crear un fondo de conservación viaria estable y sostenible, nutrido de recursos públicos, fondos europeos, sistemas de pago por uso y colaboración público-privada. Incluso plantea alternativas fiscales, como eliminar la exención del impuesto especial de hidrocarburos a otros modos de transporte, lo que permitiría obtener más de 4.000 millones de euros anuales, suficientes para revertir el déficit en tres años.

Las carreteras más degradadas

Las comunidades más afectadas son Aragón, Castilla-La Mancha y Galicia, que presentan las redes viarias más degradadas del país. Aragón encabeza el ranking negativo: el 68% de su red viaria presenta daños graves, lo que supone el 16% más que la media nacional y el 36% más que la Comunidad Valenciana, que se sitúa como la región con las carreteras en mejor estado relativo. Castilla-La Mancha y Galicia tampoco salen bien paradas, con el 59% de su red en situación grave, lo que evidencia la necesidad urgente de actuaciones en estas comunidades.

El informe clasifica las redes autonómicas según el porcentaje de kilómetros que requieren intervención urgente (antes de un año) o en el corto plazo (máximo cuatro años), agrupando los daños en categorías de muy graves y graves. Las clasificaciones oscilan entre los estados “crítico”, “deficiente”, “aceptable” y “bueno”, destacando el preocupante número de regiones que ya se encuentran en niveles críticos o deficientes.

En el análisis donde se priorizan las necesidades de actuación, solo Aragón se sitúa en un nivel crítico, aunque también destacan los casos de La Rioja, con el 41% de sus carreteras en situación muy grave; Castilla-La Mancha, con el 40%; Castilla y León, con el 39%; y Galicia, con el 38%.

Por debajo de la media nacional se encuentran, además de la Comunidad Valenciana, regiones como Madrid, Extremadura, Cantabria, País Vasco, Navarra, Andalucía y Cataluña, que presentan los menores porcentajes de carreteras con deterioros graves.

Asimismo, el informe recoge el número de kilómetros que requieren actuaciones en un plazo no superior a cuatro años por comunidades autónomas. No es casual que las regiones con redes más extensas sean también las que, lógicamente, concentran las mayores necesidades de inversión, reflejando una relación directa entre la longitud de la red y la magnitud de las actuaciones requeridas. Este mapa del deterioro viario regional evidencia que la crisis de conservación no solo es un problema nacional, sino que golpea con mayor dureza a determinados territorios, poniendo en riesgo su movilidad, competitividad y cohesión territorial.

Déficit de inversión: 13.491 millones de euros

El informe de la AEC también destaca que el deterioro avanza a un ritmo del 8% anual y el déficit de inversión en conservación viaria alcanza ya los 13.491 millones de euros, una cifra récord que ha crecido el 42,7% desde 2022. De ese total, 4.721 millones corresponden a la red estatal (el 53% más que hace tres años) y 8.770 millones a las redes autonómicas y forales (el 37,6% más).

Este incremento no solo refleja la falta de mantenimiento, sino también la mejora en la precisión de los diagnósticos, ya que, por primera vez, el estudio ha sustituido las inspecciones visuales tradicionales por un sistema digital basado en inteligencia artificial y análisis de datos, que permite detectar con alta resolución los daños en el pavimento. Esta nueva metodología ha permitido ampliar notablemente la muestra de evaluación, alcanzando 4.000 kilómetros auditados, que representan de forma fidedigna los más de 101.700 kilómetros de la red nacional.

Gracias a ello, se ha detectado que más de la mitad de la red nacional (un total de 54.373 km) necesitará intervención en menos de cuatro años. De ellos, 33.966 km (el 32% del total) requieren una reconstrucción urgente antes de 2026, debido a daños severos, como baches, grietas profundas o deformaciones estructurales. Solo en los últimos tres años, las necesidades de inversión se han incrementado en más de 4.000 millones, no solo por la inflación y el coste de materiales, sino también por la falta de mantenimiento preventivo.