Stellantis se reunirá con el abogado francés que lidera la demanda colectiva contra el motor Puretech

Parece ser que Stellantis ha dado su brazo a torcer ante la demanda colectiva liderada por Christophe Lèguevaques, del colegio de abogados de París, ante los diferentes problemas que afectan a los motores con correa de distribución húmeda Puretech 1.0 y 1.2 de las marcas Peugeot, Citroën y Opel, asegura Journal de la Rechange et de la Réparation. 

Según el medio francés, Lèguevaques, que desea extender la demanda a toda Europa, habría recibió una carta de Stellantis, el pasado 29 de febrero, con el fin de reunirse con los directores generales de las citadas marcas para intentar resolver el problema, que afecta a más medio millón de vehículos en toda Europa y que provoca una costosa y grave avería, además de un serio problema de seguridad vial. 

Recordemos que, a principio de noviembre de 2020, la Comisión Europea lanzó una primera señal de alarma, señalando que 14 países podrían estar afectados por el “Escándalo Stellantis”, y se identificó dichos modelos: Peugeot 208, 2008, 308, 3008, 5008; DS3, DS4, Citroën C3, C3 Picasso, C4, C4 Cactus, C4 Picasso y Berlingo, así como determinados vehículos Opel. 

Sin haber reconocido aún ningún defecto de diseño mecánico, Stellantis podría rechazar un acuerdo amistoso con los consumidores, lo que según Lèguevaques, en declaraciones al Journal de la Rechange, empañaría aún más su deteriorada imagen ante los medios y entre sus clientes, a lo que suma que una acción judicial implicaría costes potencialmente muy elevados para el fabricante.

Por otro, en caso de fracasar las negociaciones, la acción colectiva encabezada por el colegio de abogados francés plantea dos posibles recursos: iniciar un procedimiento civil, certificando la existencia de un defecto de diseño conocido por el fabricante, o emprender acciones legales ante el tribunal penal, exponiendo el argumento del peligro real que supone para los automovilistas. Los abogados se basarán entonces en el derecho de información del consumidor para exigir una solicitud de acceso a los documentos administrativos de las retiradas y en el sumario probatorio, que obliga a Stellantis a levantar el “secreto empresarial”.