Aevecar, AOP, APPA, ATliq, Bio-e y UPI solicitan más medidas para eliminar el fraude en la distribución de carburantes

Aevecar, AOP, APPA, ATliq, Bio-e y UPI, productores y distribuidores de carburantes y biocarburantes, solicitan más medidas para eliminar el fraude que afecta al sector en España. Las asociaciones valoran positivamente la inclusión en el RDL 8/2023 de medidas para reducir el fraude en la distribución de combustibles líquidos, aunque insisten en que hacen falta medidas adicionales para frenar las prácticas fraudulentas que proliferan en el sector.

Las asociaciones, que representan a toda la cadena de valor de la producción y distribución de carburantes y biocarburantes y a más de 220000 trabajadores y más de 800 empresas, aplauden la  incorporación de medidas orientadas a la lucha contra el fraude en la distribución de combustibles, recogidas en el reciente Real Decreto-Ley 8/2023. Si bien, animan al Gobierno a adoptar medidas adicionales que contribuyan a este objetivo, que constituye un problema muy grave, tal y como reconoce la propia exposición de motivos de la norma.  

Hacen falta más medidas y determinación

Las asociaciones firmantes consideran que es necesaria "mayor determinación y nuevas medidas para perseguir y erradicar el fraude que tanto dañan al sector y a la sociedad". 

Ya han denunciado en reiteradas ocasiones la proliferación de prácticas fraudulentas  por incumplimiento de obligaciones sectoriales, como la de incorporación de  biocarburantes, o de obligaciones fiscales, principalmente el IVA, ocasionando  problemas de competencia desleal en el sector, así como para las arcas públicas, y los consumidores finales y la apuesta por la descarbonización de la economía.  

En este sentido, productores y distribuidores valoran positivamente "la prohibición de suministro entre distribuidores al por menor y de distribuidores al por menor a operadores al por mayor, dado que esta práctica facilitaba la creación de entramados societarios fraudulentos", tal y como reconoce la propia exposición de motivos de la  norma, que actúan con total impunidad. 

Consideran favorable la posibilidad de inhabilitar a los operadores que incurran en infracciones muy  graves

Del mismo modo, también consideran favorable la posibilidad de inhabilitar de manera permanente a aquellos operadores al por mayor que incurran en infracciones muy  graves, como sería, por ejemplo, el incumplimiento de sus obligaciones de venta o consumo de biocarburantes, si bien esta medida para ser eficaz requiere que se mejoren  los mecanismos de control del cumplimiento de las obligaciones y se agilicen los  procesos de inhabilitación de los operadores incumplidores.  

Por otro lado, recuerdan la importancia de agilizar la aprobación de la Orden ministerial, sometida a consulta en 2023, que incrementa la periodicidad del control del cumplimiento de los objetivos de incorporación de biocarburantes en el transporte,  pasando a verificaciones trimestrales frente a las anuales actuales, y amplía el seguimiento e incrementa las cuantías de los pagos compensatorios ordenados a  aquellas empresas que no incorporen el porcentaje mínimo de biocombustibles establecido. De hecho, la propia exposición de motivos del citado Real Decreto-Ley  señala que siete empresas han dejado de pagar al Estado 95 millones de euros por este  concepto sólo en 2022. 

Ya están trabajando en una batería de medidas

En todo caso, consideran un buen punto de partida el RDL 8/2023, tanto por su  exposición de motivos como por las medidas que incluye, y anima a la Administración a  seguir avanzando en esa dirección. Para ello, Aevecar, AOP, APPA, ATliq, Bio-e y UPI están trabajando ya en una batería de medidas que abordan desde el ámbito fiscal,  fundamentalmente para garantizar el ingreso del IVA, y medioambiental, hasta el de  importación y el control administrativo, pasando por el del ejercicio de la actividad. 

El objetivo es poner estas medidas en conocimiento de la Administración y tender la mano al Ejecutivo para trabajar conjuntamente en todos los avances necesarios para frenar el fraude en España, y, en consecuencia, a garantizar la seguridad de suministro de combustibles, a preservar la competitividad del sector, la protección de los usuarios y el cumplimiento de los objetivos de descarbonización.