“Debemos ser más ambiciosos en frenos, ruedas o baterías, pero sin llevarnos a la industria por delante”

La eurodiputada de Ciudadanos y única ponente española de la Eurocámara para la normativa Euro 7, Susana Solís, ha criticado que la propuesta de la Comisión para Euro 7 no haya tenido en cuenta el tiempo de adaptación que necesita la industria para aplicar la normativa para la reducción de emisiones contaminantes en el automóvil.  Solís asegura que “ya hemos pedido al sector una transformación más radical que a ninguna otra industria. Hay que ser ambiciosos, pero también hay que saber cuándo dejar de tensar la cuerda”. 

La eurodiputada, que ha intervenido en la presentación de enmiendas en la Comisión de Medio Ambiente al paquete normativo Euro 7, ha responsabilizado a la propuesta de la Comisión de “no ser buena para los ciudadanos ni el medioambiente ni la industria y economía europeas”, y ha añadido: “Tenemos una línea roja: esta normativa no puede suponer costes adicionales para la industria”.

Solís ha lamentado que la normativa vaya a implicar un aumento de precios, cuyo impacto será mayor en los coches pequeños y del segmento más bajo, lo que podría desincentivar la transición al vehículo eléctrico en países como España, donde la vida útil de los coches está por encima de la media europea. Al respecto, la eurodiputada ha comentado que la mejor medida medioambiental y de calidad del aire “es establecer mecanismos para la renovación de la flota y establecer un ambiente regulatorio que no aumente los precios de los vehículos”.

Periodo de adaptación

Es por ello que Solís ha presentado un paquete de enmiendas al informe del Parlamento de la normativa con el fin de “dar un periodo de tiempo suficiente a la industria para adaptarse”. Entre las propuestas, destaca ampliar el tiempo de adaptación para la producción de nuevos vehículos de, al menos, dos años y de tres años en el caso de vehículos ya fabricados desde el momento en que se presente toda la legislación secundaria. Además de garantizar al sector la seguridad jurídica, limitando a la Comisión a un periodo de nueve meses para presentar la propuesta de reglamento.

Con el fin de encontrar el equilibrio entre mejora de la calidad del aire y viabilidad de un sector clave para el empleo europeo, Solís propone volver a las condiciones de prueba de Euro 6 y, a su vez, ser más ambiciosos con los controles de emisiones de ruedas y de frenos, ya que estas, al no depender del tipo de vehículo, se mantendrán en los vehículos eléctricos. Asimismo, Solís ha pedido aumentar los estándares de durabilidad de las baterías a niveles que se acerquen más a la realidad de los productores, al indicar que “no tiene sentido que se hagan grandes inversiones para cubrir escenarios de conducción alejados de la realidad, por lo que creo que es necesario volver a las condiciones de prueba de la normativa actual manteniendo el sistema de monitorización”. 

Solís ha invitado a sus colegas de comisión a trabajar juntos por un informe ambicioso, pero realista y ha comentado que “no nos estamos quedando por detrás de otras potencias en materia de emisiones, hay que analizar toda la normativa en su conjunto. Tenemos la responsabilidad de asegurar que las decisiones en torno a este informe no se tornen ideológicas. No podemos permitirnos una división completa en dos bloques”.

Fondo de Transición Justa al automóvil

También ayer, 27 de junio, se presentó, en la Comisión de Desarrollo Regional, el informe para Fondo de Transición Justa, uno de los instrumentos clave de la Unión para apoyar a las regiones en la transición hacia la neutralidad climática hasta 2050. Susana Solís, en este ámbito, ha pedido “ampliar su alcance y crear un instrumento financiero que apoye también a las regiones más afectadas por la transición digital y la automotriz”. La eurodiputada ha señalado que la transición al vehículo eléctrico va a tener un impacto enorme en toda la UE, pero especialmente, en aquellas regiones cuyo PIB depende de la industria del automóvil, como Galicia, Castilla y León o Aragón, por lo que “debemos ir por delante del impacto negativo de las políticas verdes, para lo que pedimos un fondo de transición 2.0 para fomentar el empleo y la recapacitación de todos los trabajadores”. Asimismo, ha recalcado la necesidad de “retener la industria” automovilística en las regiones, con el fin de evitar el desempleo masivo y la distorsión de las economías locales. “Las regiones que están especializadas en la fabricación de los coches de combustión no tienen por qué ser las mismas que las que fabriquen coches eléctricos a partir de 2035. No podemos perder la especialización que estas regiones llevan adquiriendo durante décadas”.

Además, Solís hizo hincapié en invertir en innovación de las pymes: “Las grandes multinacionales tienen la capacidad de adaptarse a la revolución del sector, pero no podemos olvidarnos de la relevancia de las pymes en el sector automóvil: debemos ayudar al resto del tejido empresarial a adaptarse a estos cambios también”.