Faconauto muestra su decepción por el voto en contra de PP y PSOE a la enmienda de la Ley de Agencia
Desde Faconauto han mostrado su decepción por el voto en contra de la enmienda a la ley que Crea una Autoridad Administrativa Independiente de Defensa del Cliente Financiero por parte de los dos partidos mayoritarios, PSOE y PP. Según han explicado, esta normativa hubiera dotado a los concesionarios de una mínima seguridad jurídica en aquellos casos en los que una marca o un fabricante cancele unilateralmente los contratos para distribuir sus vehículos en España.
La patronal ha indicado que el rechazo de esta enmienda por el Congreso de los Diputados supone un duro golpe, ya que vuelve a dejar desprotegidas a las 2.000 pymes que forman parte del tejido empresarial que representan los concesionarios, en un momento en el que marcas y fabricantes están abordando un cambio en su modelo de distribución que acentúa el desequilibrio histórico existente en el sector y pone peligro la continuidad de muchas empresas y puestos de trabajo.
Por ello, Faconauto ha puesto de manifiesto su decepción por la falta de comprensión y el posicionamiento cerrado con los intereses de marcas y fabricantes mostrado por los dos principales partidos nacionales, que en esta ocasión sí han votado en el mismo sentido. De esta manera, han pasado por alto la importancia que tiene el sector de la distribución para la actividad económica, representando el 2,7% del PIB y para el empleo en España, con 152.000 puestos de trabajo.
La patronal de los concesionarios ha agradecido el trabajo del diputado Ferran Bel, del PdCAT, encargado de presentar la citada enmienda, reconociendo que los concesionarios de nuestro país necesitan un mínimo amparo legal, algo en lo que también han coincidido los partidos ERC, Bildu, Coalición Canaria y Foro Asturias, que han votado a favor de una propuesta parecida a la que sí han aprobado otros países de nuestro entorno.
En los próximos días Faconauto explicará a los concesionarios cuál ha sido el posicionamiento final de cada partido político y sus grupos parlamentarios para que puedan valorar el compromiso de éstos con uno de los tejidos empresariales más importantes, su apoyo a la riqueza que generan y los puestos de trabajo que sostienen.
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