Operadores y distribuidores de carburantes solicitan a la CNMC reforzar su labor de supervisión para prevenir el fraude
AEVECAR, AOP, CEEES y UPI han solicitado a la CNMC un refuerzo en la supervisión en el marco de sus competencias, una mayor agilidad en la tramitación de expedientes sancionadores y un apoyo activo ante el MITECO para poner en marcha las medidas demandadas por el sector para frenar el fraude. Además, han recordado su disposición a colaborar estrecha y conjuntamente con la Administración para encontrar soluciones a este problema.
El sector viene demandando una mayor determinación para erradicar el fraude en la distribución de carburantes y señalando que las modificaciones adoptadas por el Real Decreto-ley 8/2023, de 27 de diciembre son aún insuficientes. Aplauden que la CNMC comparta y trabaje en algunas de las demandas del sector, tales como, incrementar la agilidad en la incoación y tramitación de expedientes sancionadores, reforzando su labor de supervisión, utilizando proactivamente todos los mecanismos de supervisión que tiene a su disposición para identificar comportamientos fraudulentos y, en consecuencia, anticompetitivos.
Igualmente han compartido la necesidad de mantener una interlocución fluida y un intercambio de información constante con el resto de organismos con competencias en la materia (MITECO, AEAT y CORES).
En este aspecto, las asociaciones firmantes recuerdan que el fraude afecta a distintas fases de la cadena de valor y que, por tanto, para su erradicación son necesarias la adopción de medidas en diferentes ámbitos, la coordinación de los diferentes organismos de la Administración y el aprovechamiento óptimo de la información que proporcionan los datos, capaz de facilitar una respuesta más rápida y eficaz contra el fraude.
Celebran las acciones que se están llevando a cabo por parte de las administraciones y urgen a que se adopten medidas concretas y de carácter inmediato dado que el fraude está repercutiendo negativamente en la actividad del sector, fomentando una competencia desleal y perjudicando a las empresas que sí cumplen con la legislación vigente. Las compañías más vulnerables son las más perjudicadas, puesto que su continuidad se ve amenazada por la imposibilidad de competir contra precios artificialmente tan bajos.
Igualmente recuerdan las consecuencias muy negativas en el sector y en el conjunto de la sociedad de estas prácticas fraudulentas.
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