En un contexto en el que la edad media del turismo vendido en España supera los 11 años, GANVAM ha trasladado esta mañana al director general de Consumo, Daniel Arribas, la necesidad de adaptar los plazos de garantías a la antigüedad del vehículo.
Durante la reunión, la patronal del sector de la distribución ha defendido que aplicar la normativa general de garantías sin tener en cuenta las particularidades del bien perjudica al vendedor profesional y empuja a la economía sumergida, generando desprotección en el consumidor.
De esta forma, GANVAM, que aboga por la máxima protección al consumidor, solicita la modificación de la normativa que, entre otros cambios y sin contar con la participación del sector, elevó en 2022 de dos a tres años el plazo de garantía en vehículo nuevo; de seis a doce meses la inversión de la carga de la prueba y de cinco a diez años el plazo de disponibilidad de repuestos y atención en servicio técnico.
Mientras se aborda esta petición de máximos, GANVAM urge a aplicar el principio de proporcionalidad en la reparación, que ya existe en dicha normativa. Si bien considera que los vehículos de mayor antigüedad -por su impacto sobre la descarbonización y la seguridad vial- deberían formar parte de un programa eficaz de incentivo al achatarramiento, la patronal propone que esa proporcionalidad no sólo se salve con la utilización de pieza recuperada como se hace hasta ahora. Sino aplicando en su caso las tablas de depreciación de Hacienda en las reparaciones con pieza nueva.
En este sentido, el contrato de compraventa de vehículo de ocasión redactado por GANVAM -que es el que se utiliza como modelo en España desde 2005 al estar declarado exento de cláusulas abusivas por el Instituto Nacional de Consumo y las comunidades autónomas- defiende desde sus inicios la utilización de pieza recuperada. Para GANVAM, el uso del recambio verde cobra especial importancia en un momento en el que la posventa trabaja con márgenes muy ajustados por mano de obra facturada, lo que obliga a buscar fórmulas capaces de garantizar rentabilidad del negocio, ofreciendo reparaciones técnica y económicamente solventes.
Otra cuestión que también requiere adaptarse a las particularidades del automóvil es el derecho de desistimiento. En este sentido, GANVAM ha trasladado a Consumo la necesidad de que este derecho de los consumidores para cancelar la compra sin justificación ni penalización dentro de los plazos establecidos, tenga en cuenta el impacto que supone para un producto con un ritmo de depreciación y unos costes logísticos y de transporte tan elevados.
Por otro lado, durante la reunión la patronal de la distribución también ha pedido la creación de un grupo de trabajo orientado a acometer la actualización del Real Decreto de Talleres que, tras casi 40 años en vigor, ya no responde a la situación actual de la posventa, máxime en un entorno de transformación digital y ecológica como el que vive el sector.
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