El Parlamento Europeo y el Consejo han respaldado una modificación clave en la normativa de CO₂ para coches y furgonetas, permitiendo a los fabricantes promediar sus emisiones entre 2025 y 2027. El sector aplaude la medida como un respiro temporal en medio de una transición tecnológica compleja y exigente.
El sector de la automoción celebra una importante decisión institucional. El Parlamento Europeo aprobó el pasado 8 de mayo, con una amplia mayoría (458 votos a favor), la introducción de un mecanismo de promedio trianual para el cumplimiento de los objetivos de emisiones de CO₂ en coches y furgonetas nuevos durante los años 2025, 2026 y 2027. Esta medida, ya avalada previamente por el Consejo, forma parte del plan de acción industrial impulsado por la Comisión Europea para reforzar la competitividad del sector automovilístico europeo.
La modificación permitirá a los fabricantes compensar un exceso de emisiones en un año con mejores resultados en los siguientes, dotando así al sistema de una mayor flexibilidad. Hasta ahora, las metas de reducción se evaluaban anualmente, lo que dificultaba la adaptación ante la volatilidad del mercado y los desafíos tecnológicos.
Desde la Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles (ACEA), su directora general, Sigrid de Vries, valoró positivamente la medida: “Es un paso en la dirección correcta que reconoce las dificultades del mercado, incluida la lenta adopción de vehículos eléctricos y la falta de infraestructura y cadenas de suministro clave como la de baterías”.
Sin embargo, ACEA advierte que esta flexibilización debe ser solo el inicio de un enfoque estratégico más ambicioso. “Necesitamos una estrategia de descarbonización a largo plazo, con más puntos de recarga, incentivos fiscales y condiciones que mantengan la competitividad de la industria”, subrayó De Vries, apuntando al próximo diálogo estratégico con la Comisión Europea como una oportunidad clave para avanzar en este sentido.
La medida está integrada en la hoja de ruta industrial de la Comisión para el automóvil, presentada en marzo y fruto de un proceso de consulta iniciado en enero con actores del sector. Tras este espaldarazo legislativo, solo queda la aprobación formal del texto para que entre en vigor.
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