La nueva normativa obliga a adaptar los sistemas de facturación antes del 29 de julio de 2025 para fabricantes de software, antes de enero de 2026 para personas jurídicas, y de julio de 2026 para personas físicas. Sin embargo, muchos todavía no han iniciado el proceso y corren el riesgo de quedarse fuera de juego ante sanciones que pueden alcanzar los 150.000 euros.
