La Audiencia Nacional acepta tramitar el aviso de recurso contencioso del Gremio de Barcelona contra la CNMC

La Audiencia Nacional ha aceptado tramitar el aviso de recurso contencioso administrativo que el Gremio de Talleres de Barcelona ha presentado recientemente contra la decisión de la Comisión Nacional de la Competencia y del Mercado (CNMC) de archivo de la denuncia del Gremio y la Unión de Consumidores de Cataluña (UCC), contra el acuerdo tomado entre las compañías de seguro de Unespa para calificar como siniestro total e indemnizar a los perjudicados en un accidente de circulación sólo con el valor venal y no con el valor de reposición, como así establece la propia Dirección General de Seguros y la más alta jurisprudencia del Tribunal Supremo y Audiencias.

La CNMC ha de poner a disposición del Gremio los más de 400 folios de información que Unespa ha aportado en su defensa, pero, según informa la entidad barcelonesa en un comunicado, “no consta que haya investigado a ninguna aseguradora de las que (todas) con ese acuerdo fomentan el desguace del vehículo accidentado sin culpa a través de sus peritos, valorando erróneamente a la baja el importe de la indemnización a que tiene derecho ese perjudicado, limitándola de forma injusta al valor venal impropio del vehículo, que no permite ni la compra de un vehículo similar ni una reparación de calidad”.

Las consecuencias de este acuerdo limitan, en opinión de los denunciantes, “el derecho a indemnización de los usuarios, y afectan a los talleres al tratar de excluir, por desguace, una parte del mercado natural de reparación -quizá más de 80.000 casos al año en toda España- y su correspondiente recambio”. La CNMC dictará resolución para que los interesados en el procedimiento puedan ser parte del recurso presentado contra su resolución de archivo de la denuncia, señala el comunicado enviado por el Gremio.

El Gremio y la UCC confían en “la sensibilidad de las aseguradoras que gestionan el Seguro Obligatorio de Vehículos a motor, para asumir con rigor su función de responsabilidad como garantes de las indemnizaciones que merecen los usuarios que han recibido sin culpa daños”, y abandonen esas prácticas “que eluden el pago de quizá más de 60 millones de euros anuales a dichos usuarios”.