El País Vasco aprueba una normativa medioambiental para la protección de suelos

Se ha publicado en el BOE la Ley 4/2015, de 15 de junio, para la prevención y corrección de la contaminación del suelo, aprobada recientemente por el Parlamento Vasco(BOPV núm. 123 de 02 de Julio de 2015). “Su ámbito de aplicación es el País Vasco, pero las novedosas medidas introducidas en el texto legal en materia de protección del entorno y de gestión de suelos contaminados hacen interesante su estudio a nivel global”, según indica el Área de Medio Ambiente de Conepa. La nueva ley entró en vigor el pasado 3 de julio, un día después de la publicación en el diario de la Comunidad Autónoma Vasca.

Aunque desde la Federación Española hayan hecho ya una primera valoración de la norma, habrá que esperar al desarrollo reglamentario para un análisis detenido de sus repercusiones en el sector de la reparación y mantenimiento, ya que será cuando se fijen con más detalle las obligaciones tanto de los titulares de los suelos afectados, como los titulares de las actividades potencialmente contaminantes del suelo.

De momento, son dos las novedades principales que se introducen en la nueva regulación: por una parte, se establece una clasificación para las actividades potencialmente contaminantes de suelos (en la que los talleres están incluidos) en tres categorías según si el potencial contaminante es alto, medio y bajo.

Y, por otro, con el objeto de agilizar la intervención administrativa en materia de prevención y corrección de la contaminación del suelo, se establece una dualidad de procedimientos en materia de calidad del suelo: el procedimiento de declaración de la calidad del suelo, que tiene por finalidad validar la adecuación del suelo al uso propuesto, y el procedimiento de declaración de aptitud de uso del suelo, procedimiento más sencillo que tiene por finalidad validar la aptitud del suelo exclusivamente para uso industrial.

Desde Conepa indican que la norma establece una serie de instrumentos de la política de suelos responsabilidad de las administraciones públicas, con el fin de hacer efectivos los principios que inspiran sus actuaciones en la materia. Tales instrumentos son el inventario de suelos con actividades o instalaciones potencialmente contaminantes del suelo; el plan de suelos, que fijará las directrices y prioridades de actuación; el Registro Administrativo de la Calidad del Suelo, que facilitará el ejercicio del derecho de acceso a la información en materia de medio ambiente; las entidades acreditadas en investigación y recuperación de suelos; las ayudas económicas para incentivar el cumplimiento de las obligaciones previstas en la ley; y los mecanismos de financiación pública.