La Federación Española de Empresarios Profesionales de Automoción (Conepa) ha puesto en marcha una campaña informativa para que sus asociados, talleres de reparación y mantenimiento de vehículos trasladen a sus clientes la importancia del filtro de partículas en los vehículos diésel y la ilegalidad que supone su anulación, “una práctica cada día más demandada por los propios usuarios cuando llega el momento de sustituir el citado componente”, destacan desde la patronal.
En este sentido, Conepa recuerda que las actuales normas anticontaminación obligan a los fabricantes a equipar a los vehículos con complejos equipos de escape, especialmente en los vehículos diésel, con el fin de reducir las emisiones contaminantes de los mismos. “El problema surge cuando alguno de los elementos del sistema, como es el caso del filtro de partículas, tiene que ser sustituido por haber alcanzado su ciclo de vida útil”, afirman desde la Federación.
El importe de estas reparaciones puede alcanzar cifras que superan los 1.000 euros, en función del modelo adquirido
Es ahí cuando el usuario descubre que el importe de estas reparaciones puede alcanzar cifras que superan los 1.000 euros, en función del modelo adquirido. En algunos casos, también conoce que en el mercado existe otra alternativa, “que tampoco es especialmente económica, pero que induce a pensar que solucionará el problema definitivamente”. Se trata, según Conepa, de la supresión del filtro de partículas, operación que requiere el vaciado del interior de este filtro y la anulación de éste en el software del vehículo para evitar la detección de averías por funcionamiento anómalo.
“Es frecuente, además, que al usuario que se interesa por ello, a través de Internet sobre todo, se le informe de mejoras en las prestaciones del vehículo, incluso de la reducción en el consumo de combustible, lo que no le dejará indiferente, pues, aparentemente, supone una ventaja adicional para su economía”, continúan desde la Federación.
Conepa recuerda que esta alternativa no es legal y pueda ocasionar problemas importantes a quien se decida por ella:
1. Los fabricantes de vehículos montan dichos dispositivos porque así se lo exige la normativa europea de protección del medio ambiente. Se trata de las distintas normas EURO, de aplicación según el año de fabricación del coche.
2. Cualquier vehículo que haya sufrido este tipo de modificación podrá ser rechazado por la ITV en el momento en que las emisiones se controlen de acuerdo a la norma EURO que le corresponda. Asimismo, el coche podría ser sancionado por los agentes medioambientales.
Si el vehículo fuera rechazado en la ITV por la manipulación de los sistemas anticontaminantes, el responsable del vehículo se vería obligado a restituir el sistema de escape original y la correspondiente reprogramación de la unidad de control del coche.
Aunque Mutua Madrileña anunció en enero un acuerdo con ASETRA y NATRAM que incluía mejoras económicas para los talleres madrileños, el conflicto técnico sigue sin resolverse. El uso de un baremo propio, muy por debajo de los tiempos del fabricante, ha bloqueado la negociación y alimenta un malestar que contrasta con la estrategia de diálogo que mantienen otras aseguradoras como Mapfre.
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