La Comunidad de Madrid aprobará ayudas directas para negocios excluidos por el Gobierno central del reparto de los fondos de recuperación incluidos en el Real Decreto-ley 5/2021 de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial. Dentro de estos colectivos, la presidenta de la región, Isabel Díaz Ayuso, ha señalado que se encontrará el sector de los talleres, así como el de las autoescuelas.
Estas ayudas también estarán abiertas a comercios minoristas como peluquerías, centros de estética, tiendas de souvenirs, academias, ferreterías, tiendas de muebles, de iluminación, establecimientos de electrodomésticos, o librerías, entre otros. Aunque en la comunicación oficial no se ha citado de manera expresa el negocio de la distribución de recambios, todo parece indicar que estos establecimientos también estarán incluidos en la medida siempre y cuando cumplan con los requisitos exigidos.
En el caso de los autónomos, las ayudas serán de hasta 3.000 euros, llegando a un máximo de 200.000 euros en el caso de las empresas que acrediten caídas en su facturación de al menos el 30% durante el ejercicio 2020. La propia Comunidad de Madrid estima que estas ayudas directas podrían beneficiar a unas 78.000 empresas excluidas de las subvenciones de ámbito nacional, en las que trabajarían en torno a 230.000 personas.
Sin salir del ámbito de la movilidad, este primer Consejo de Gobierno tras la ruptura con Ciudadanos también ha aprobado una moratoria de dos años para los taxistas de la región con vehículos de más de 10 años. En ese sentido, se permitirá a los titulares de estas licencias, cuyos vehículos hayan superado ya los 10 años de antigüedad a partir del 1 de enero de 2021, contada desde su primera matriculación, mantenerlos en servicio hasta el próximo 31 de diciembre de 2022.
De acuerdo con el Reglamento de los Servicios de Transporte Público Urbano en Automóviles de Turismo, regulado por el Decreto 74/2005, se establece que aquellos vehículos que estén adscritos a una licencia de taxi no podrán continuar prestando servicio a partir de que alcancen una antigüedad superior a los diez años, contados desde su primera matriculación.
“Madrid, y sobre todo España, lo que necesita es estabilidad, seguridad jurídica, y certidumbre”, ha declarado la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, con posterioridad al Consejo de Gobierno.
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