En los años 2018 y 2019, en España se han introducido de manera ilegal más de 4,6 millones de toneladas equivalentes de CO2 de HFC, los gases refrigerantes que se utilizan en sistemas de refrigeración y en los aires acondicionados de la industria de la automoción, hospitales o supermercados, entre otros. Así lo ha puesto de manifiesto Diego García, representante de la Asociación de Empresas del Frío y sus Tecnologías (AEFYT) en el webinar organizado por el Comité Técnico Europeo de Fluorocarbonos (EFCTC) y AEFYT.
Dado el alto Potencial de Calentamiento Atmosférico (PCA) de los gases refrigerantes HFC, en el año 2015 entró en vigor el reglamento F-Gas, cuyo fin es combatir el cambio climático con la eliminación paulatina de los HFC. El objetivo a nivel europeo es reducir el 79% de su consumo en 2030, respecto a los niveles de 2009-2012. Esto ha significado para la industria la reducción gradual de importaciones de gases HFC de efecto invernadero a través de un sistema de cuotas -que aplica a todos los puntos de acceso a la UE, con el objetivo de controlar la entrada de los gases fluorados en el mercado europeo-. Sin embargo, es en este contexto donde surge el mercado negro de HFC que pretende sortear esta regulación.
En España, la entrada en vigor de la F-Gas vino acompañada de un impuesto sobre los gases fluorados, que entró en vigor el año anterior, en 2014, y que ha supuesto un agravante añadido para el comercio ilegal en el país. Tal y como explica Diego García, “lo cierto es que, en España, desde la entrada en vigor del impuesto de gases fluorados y el reglamento F-Gas, no hemos percibido el impacto positivo de la reducción de las importaciones que exige esta normativa mediante el uso de cuotas. En cambio, sí hemos observado la irrupción de una sospechosa oferta masiva de productos con precios reducidos procedentes de otros distribuidores”.
Según la asociación, la falta de control, las bajas sanciones y las discrepancias entre los estados miembros con respecto a las multas han facilitado el incumplimiento de la regulación y la evasión de impuestos, introduciendo HFC sin cuota en Europa. De hecho, “en España se estima que la Agencia Tributaria ha dejado de recaudar alrededor de 50 millones de euros, al evadirse el impuesto sobre los Gases Fluorados”, añade García.
Todo ello, ha dado lugar al origen de un mercado negro con un tamaño muy significativo a nivel europeo. De acuerdo con la investigación llevada a cabo por la consultora Oxera y el análisis de los hallazgos por parte del EFCTC, el comercio ilegal de este tipo de gases podría representar hasta 34 millones de toneladas equivalentes de CO2, esto es, alrededor del 33% del mercado legal permitido, en la Unión Europea, en 2018. Ello equivaldría a incorporar 25 millones de nuevos coches en las carreteras europeas –más del número total de coches en uso en España en 2018–.
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