La Consejería de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía ha hecho balance de las actuaciones realizadas por la policía autonómica en su campaña contra los talleres ilegales de la región. Sólo en 2014 este cuerpo realizó un total de 1.407 inspecciones, 168 más que en 2013, de las que se han derivado 312 actas de denuncia, 55 menos que un año antes.
Según el Gobierno andaluz, estas inspecciones se han centrado, sobre todo, en comprobar la vigencia de los permisos y licencias para el ejercicio de la actividad en estos establecimientos, así como en verificar si hay un adecuado tratamiento de los residuos tóxicos que se generan en los talleres, como aceites y otros líquidos que pueden suponer un riesgo para el medio ambiente y la seguridad de las personas.
La mayoría de las denuncias estuvieron relacionadas con la carencia de una licencia municipal para ejercer la actividad y no estar inscrito el propietario en el Registro de Pequeño Productor. Esto no sólo supone un fraude para el consumidor, sino también para las arcas públicas, que dejan de ingresar millones de euros cada año en concepto de IVA e IRPF. Eso sin hablar de la sensación de indefensión que vive el empresario legal, tal y como comentaban la semana pasada desde Femete.
Las otras infracciones más denunciadas por los agentes autonómicos fueron las relacionadas con el medio ambiente, por incumplimiento de la Ley 7/2007 de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, fundamentalmente la mezcla de diferentes categorías de residuos peligrosos, la mezcla igualmente de residuos peligrosos con otros que no tienen tal consideración y la entrega, venta o cesión de esos residuos contaminantes a un gestor no autorizado.
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